La cuenca del río Maipo abastece a la ciudad de Santiago, que cuenta con más de 7 millones de habitantes, y está experimentado una disminución significativa de los recursos hídricos, lo que amenaza no solo el suministro de agua para la agricultura, la industria y el turismo, sino incluso el abastecimiento de agua potable para los hogares.

Ante esta situación, se han planteado diversos desafíos de gobernanza en la cuenca del Maipo, especialmente sobre el seccionamiento de los ríos. Este es un concepto jurídico/administrativo que se refiere a la subdivisión de un río en diferentes secciones, con el fin de otorgar a personas o entidades el derecho de utilizar y aprovechar el agua. De esta forma, cada sección del río se considera independiente para el reparto del agua. Este modo de gestionar la cuenca tiende a favorecer a los usuarios ubicados en la primera sección, ya que durante una sequía pueden repartir toda el agua disponible, secando el río. Mientras, los usuarios de aguas abajo sólo disponen del agua que retorna del riego y de los afloramientos de aguas subterráneas.

En Chile, la regulación del seccionamiento de los ríos se remonta tiempo atrás, cuando se establecieron normas para la distribución del agua, ya que los ríos eran considerados bienes públicos y, por lo tanto, su uso y aprovechamiento debía estar regulado por las autoridades. Así, el seccionamiento de los ríos es un concepto que ha estado presente en la legislación chilena desde sus comienzos.

Durante el verano austral pasado, de diciembre de 2022 a marzo de 2023, la Dirección General de Aguas intervino la cuenca del río Aconcagua (vecina por el norte de la cuenca del río Maipo). En esta intervención se tomó la inédita medida de suspender el seccionamiento del río, a fin de priorizar el consumo humano de las grandes ciudades costeras de Valparaíso y Viña del Mar.